La Corte Suprema se muestra cautelosa ante la lucha de México contra los fabricantes de armas estadounidenses
México lucha para demandar a fabricantes de armas estadounidenses por 10 mil millones de dólares
Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos bloquee una demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, acusados de poner vastos arsenales de armas en manos de cárteles de la droga.
En la demanda de larga data, el gobierno de México argumenta que la "inundación" de armas ilegales a través de la frontera es resultado de prácticas "deliberadas" por parte de empresas estadounidenses.
La asociación comercial de la industria de armas ha negado cualquier irregularidad y ha culpado al gobierno de México por no controlar el crimen.
El flujo de armas de Estados Unidos a México ha surgido recientemente como moneda de cambio en las conversaciones sobre la implementación de aranceles a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos.
Durante los argumentos orales del martes, jueces liberales y conservadores expresaron escepticismo sobre las afirmaciones de México de que las armas estadounidenses contribuyen a las redes criminales.
"Lo que no tienen son distribuidores particulares, ¿no?", le dijo la jueza liberal Elena Kagan al abogado que representa a México. "¿A quiénes están ayudando e instigando en esta denuncia?"
La demanda, que se presentó por primera vez en 2021 en un tribunal federal de Massachusetts (donde tienen su sede varias de las empresas), argumentó que los fabricantes sabían que se estaban vendiendo armas a traficantes que alimentaban la violencia en el país.
Desde entonces se ha convertido en el foco de años de disputas legales y apelaciones.
Según las autoridades mexicanas, decenas de miles de armas fabricadas en Estados Unidos son traficadas hacia el sur cada año a través de la frontera y terminan en manos de cárteles de la droga, que las utilizan para luchar entre sí y contra el gobierno mexicano.
Algunas estimaciones sitúan el total en más de medio millón de armas cada año.
Los fabricantes de armas, junto con grupos de apoyo como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), han argumentado que están protegidos legalmente y que una demanda socavaría los derechos de los estadounidenses a poseer armas.
"México ha extinguido sus derechos constitucionales sobre armas y ahora pretende extinguir los de Estados Unidos", escribió la NRA en un escrito presentado ante la Corte Suprema. "Para ello, México pretende destruir económicamente la industria de armas de fuego estadounidense".
En el centro del caso de los fabricantes de armas se encuentra una ley federal conocida como Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, o PLCAA.
La ley, promulgada en 2005, tiene por objeto proteger a las empresas de armas de ser consideradas responsables del uso indebido de sus armas por parte de delincuentes. El caso de la Corte Suprema marca la primera vez que el tribunal más importante de Estados Unidos considerará la ley.
El martes, en el tribunal, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson dijo que pensaba que era probable que la PLCAA significara que "no queremos que sean los tribunales los que elaboren soluciones que equivalgan a una regulación de esta industria".
La demanda mexicana también sugiere que algunas armas están siendo fabricadas y decoradas específicamente según los gustos de los miembros del cártel, como una pistola bañada en oro conocida como "Super El Jefe".
"Son cosas que no son ilegales en ningún sentido", dijo el juez conservador Brett Kavanaugh sobre el argumento. "Hay gente que quiere la experiencia de disparar un tipo particular de arma porque la encuentra más placentera que usar una pistola de aire comprimido".
Kavanaugh también expresó su preocupación por que penalizar a las empresas por el mal uso de sus productos podría en última instancia afectar a otras industrias, como la farmacéutica.
La cuestión de las armas estadounidenses en México surgió recientemente como parte de una maniobra diplomática de último momento ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de México.
Como parte de un acuerdo de último minuto para evitar que los aranceles entren en vigor el 3 de febrero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que Estados Unidos había acordado aumentar las medidas para prevenir el tráfico de armas estadounidenses de alto poder a México.
Sin embargo, el 14 de febrero, Sheinbaum advirtió que la demanda contra los fabricantes podría ampliarse si Estados Unidos designaba a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que la administración tomó apenas unos días después.
Los aranceles de Trump a los productos procedentes de México, Canadá y China finalmente entraron en vigor el 4 de marzo.
Al menos 25.000 personas fueron asesinadas el año pasado en México, que tiene leyes de armas extremadamente restrictivas. El país cuenta con una sola tienda de armas, ubicada en un complejo militar de la Ciudad de México.
Las estadísticas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos muestran que entre 2017 y 2022, casi la mitad de todas las armas recuperadas de escenas de crímenes en México fueron fabricadas en Estados Unidos.
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